Sólo en el 2004, la Agencia de Protección de Datos recaudó más de 7 millones de euros en multas y sanciones. Prevé en los próximos años seguir inspeccionando todas las empresas españolas para acabar con los infractores, que según estadísticas ofrecidas por la propia Agencia, son más del 70% de nuestros empresarios.

Tanto la aprobación de la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Directiva 2002/65/CE de 23 de septiembre, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, como la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, y la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de contratación, entre otras normas, obligan a su empresa con presencia y actividad mercantil en Internet, a ciertas adaptaciones importantes, entre otros aspectos, a declarar los ficheros de tratamiento de datos personales y disponer de un documento de seguridad, disponer de al menos unas condiciones generales de contratación, y unas condiciones generales de acceso, debiendo igualmente registrar dichas condiciones generales de contratación en el correspondiente Registro de Condiciones Generales de Contratación, así como dar de alta sus ficheros en la Agencia de Protección de Datos.

La Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal obliga, entre otros aspectos, a declarar los ficheros de tratamiento de datos personales y disponer de un documento de seguridad. Si estas exigencias legales no son correctas o no están a disposición del usuario, la Ley de Protección de Datos establece sanciones de hasta 601.012€.